Reportaje

Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Castilla y León

Una ley pionera, a examen

16/05/2013

Blanca Abella

La Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Castilla y León, aprobada hace poco más de una semana, ha sido fruto del consenso entre grupos políticos y el sector de la discapacidad. Tiene muchas ventajas, y también alguna cuestión pendiente que debe desarrollarse bajo vigilancia en un futuro próximo, como la financiación. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, y el presidente del CERMI Castilla y León, Fran Sardón, explican las claves de este posible éxito.

“No hay derechos específicos para las personas con discapacidad, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad establece los mecanismos para que estas personas puedan ejercer los mismos derechos que tienen el resto de los castellanos y leoneses. No es una Ley que genere derechos, pero ese no es el objetivo, el objetivo es la igualdad de oportunidades, no nuevos derechos para las personas con discapacidad”. Así se explica Milagros Marcos, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad de Castilla y León.

La esencia de esta Ley se encuentra precisamente en ese concepto de igualdad, en el reconocimiento de unos principios que ya establecía la Convención de la ONU sobre Discapacidad, tal y como explica Fran Sardón, presidente del CERMI Castilla y León (CyL): “Esta Ley era necesaria y ratifica los principios de la Convención de la ONU sobre Discapacidad, y es muy importante porque es innovadora, es la primera comunidad autónoma en poner en marcha una Ley de igualdad de oportunidades y eso ya pone en valor la voluntad y la decisión del Gobierno de apostar por políticas de igualdad en materia de discapacidad”.

Lograr la aprobación de la Ley con un consenso total es uno de sus principales valores. Tanto los grupos políticos, todos ellos, como el sector de la discapacidad, han trabajado mano a mano para alcanzar acuerdos fundamentales, así lo entiende Milagros Marcos: “Se viene trabajando durante cuatro años, sobre todo con el consenso del sector de la discapacidad, con CERMI Castilla y León. Mi reconocimiento especial siempre será para los verdaderos protagonistas de esta Ley, que son las personas con discapacidad y sus familias, pero también hay que agradecer el trabajo de quienes han tenido la suficiente sensibilidad para abstraerse de las dificultades del momento y llegar a los acuerdos necesarios para que hoy Castilla y León sea un referente en la atención a las personas que más lo necesitan. Castilla y León tiene como prioridad la atención a los servicios sociales y desde luego la atención a las personas con discapacidad es una seña de identidad de la comunidad autónoma”.

Fran Sardón, por su parte, valora en gran medida el amplio consenso y agradece el reconocimiento que la propia Ley hace al papel del CERMI CyL: “Ha sido un proceso largo en el que hemos participado activamente; desde el primer borrador hasta ahora, gracias al CERMI CyL pero también gracias a las aportaciones de todos los grupos políticos, que es algo que hay que destacar, ha mejorado mucho la Ley. Hemos de reconocer el trabajo hecho en común tanto por parte de grupos políticos como del CERMI, y no ha sido fácil, hemos estado hasta el último día rematando la Ley, aunque eso es lógico en cualquier negociación. Pero siempre ha habido disponibilidad y voluntad de consenso, y no puede ser de otra manera y es por lo que nosotros abogamos, que todas las leyes que tengan que ver con lo social, con las personas más desfavorecidas, en este caso las personas con discapacidad, tienen que salir con un consenso importante y decidido por parte de todos”.

Nuevo concepto individualizado

La clave de la nueva Ley está en el fondo de la misma, en la manera de entender hoy en día la atención a las personas con discapacidad. Desde el punto de vista de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, se trata de un cambio importante al pasar “del tradicional sistema proteccionista a un concepto de autonomía personal en las personas con discapacidad, de un sistema más basado en las subvenciones a las entidades, a un auténtico sistema de derechos individuales de las personas”.

Y explica: “Ahora mismo las convocatorias de subvenciones han desaparecido totalmente, se ha definido un programa de atención individualizado y en función de la capacidad económica de cada persona con discapacidad, la Administración le pone los recursos necesarios, con igual criterio en toda la comunidad autónoma. Es decir, se pasa de un modelo subvencionista a las entidades del Tercer Sector, a un modelo de derechos de los usuarios, de las personas. Es el usuario el que tiene el derecho a recibir esa atención y es él mismo quien paga a la asociación que le presta ese servicio”.

Desde el CERMI CyL no entienden que esta apuesta pueda resultar una amenaza a la supervivencia de las entidades de la discapacidad: “Se ha apostado por el derechos individual de la persona con discapacidad y por un modelo de derechos hacia las personas, y que estas personas de forma individual hagan uso de sus derechos. No quiero verlo como una amenaza hacia el tejido asociativo de Castilla y León, y aunque sí es verdad que no son momentos fáciles tenemos que verlo de forma positiva, como un cambio de modelo y nuevas oportunidades, además la Ley garantiza el mantenimiento de las entidades que prestan servicios a las personas con discapacidad. Será lógicamente el reglamento que se desarrolle el que garantice ese respaldo económico, y el CERMI participará activamente para que esos principios que recoge la Ley se plasmen en realidad”.

Milagros Marcos defiende también la permanencia de estas asociaciones y así lo explica: “El usuario elige quién le presta ese servicio, por lo tanto se introducen criterios de calidad en la atención; en Castilla y León sólo el Tercer Sector de la Discapacidad presta estos servicios, no hay empresarios, con lo cual se apoya también el asociacionismo, fundamentalmente a esas asociaciones prestadoras de servicios y comprometidas con las personas con discapacidad”.

Financiación

A la hora de evaluar los posibles inconvenientes o las carencias de la nueva norma, Fran Sardón alude al tema siempre espinoso de la financiación. La consejera anunciaba “un régimen claro de financiación” para su desarrollo con 155 millones de euros al año “de impacto inicial” a cargo de los presupuestos generales de la comunidad.

Sin embargo, para Sardón no está tan claro el tema de la financiación: “Es una Ley que luego tiene que tener un desarrollo reglamentario y ahí es donde queremos que el contenido económico anunciado en la presentación sea un contenido real y la Ley no quede sólo en unos principios generales. El pero que se pone a cualquier Ley es ese, que peligre su financiación al estar ligada a los presupuestos generales, pero creemos que las políticas sociales no deberían estar al albur de los vaivenes presupuestarios de un Gobierno. Somos conscientes de que la situación económica es difícil, pero con independencia de la crisis, que no debe ser excusa para que la Ley tenga una dotación estable, nos hubiese gustado que la dotación económica fuera decidida, estable y que garantice el cumplimiento del articulado de la Ley”.

Por su parte, Milagros Marcos asegura que los presupuestos de la comunidad autónoma contemplan en la memoria económica de la Ley 155 millones de euros al año para esta atención y explica la actuación de esta comunidad en tiempos de crisis asegurando que “el presupuesto destinado a personas con discapacidad ha seguido creciendo a pesar de la crisis; estamos en una situación complicada en la que no se han podido hacer inversiones, no se han abierto nuevos centros, ni se han mejorado cosas que estaban previstas, pero ha ido en beneficio de la atención directa”.

El empleo y el medio rural

Dos aspectos destacados en la nueva Ley están relacionados directamente con el empleo y la atención especial al medio rural. En cuanto al empleo, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades explica: “se prioriza el empleo por encima de cualquier otra actividad, hasta el punto de reservar un 6 por ciento de la contratación pública para los CEE, hay también una reserva de un 10 por ciento para personas con discapacidad en las convocatorias de empleo público y hay una parte muy importante de reconocimiento a la participación a las entidades del Tercer Sector, algo que ya existía pero que se potencia con la creación de una Comisión Autonómica de Personas con Discapacidad. Además, estamos en un proyecto muy ambicioso desde hace dos años, de conversión de los Centros Ocupacionales en CEE, siempre que sea posible”.

Y en el ámbito del empleo, la consejera considera necesaria la participación de toda la sociedad, una implicación más comprometida de todos: “Hay que trabajar en el empleo, en las posibilidades de contratación de las personas con discapacidad, en esa imagen de competitividad que tienen las empresas que contratan personas con discapacidad; hay estudios europeos e internacionales que avalan la competitividad que tienen las empresas que contratan a personas con discapacidad por encima de las que no lo hacen y esto es un valor importante que también hay que introducir en el discurso político”.

Desde el CERMI CyL consideran que la apuesta de la nueva Ley es necesaria e incluso tardía, ya que el empleo ha sido y es una asignatura pendiente para las administraciones públicas y para las empresas privadas: “La Ley prevé unas medidas estructurales y unas medidas de incentivos económicos para el fomento del empleo de las personas con discapacidad porque es el gran reto a conseguir en los próximos años y también la gran asignatura pendiente de las administraciones públicas, fomentar y conseguir la empleabilidad de las personas con discapacidad. No hay que olvidar que aunque la crisis ha azotado de forma muy severa a las personas con discapacidad, este colectivo incluso en épocas de bonanza no ha tenido un acceso fácil al empleo. Es una asignatura pendiente de administraciones públicas y de empresas privadas. Es muy importante que se fomente el empleo entre las personas con discapacidad y también que se incentive y siga apoyando a los CEE para que se mantenga este empleo”.

En cuanto al ámbito rural, destaca también el tratamiento recibido en este sentido en una comunidad de gran dispersión y, a menudo, difícil acceso. Según la consejera, los cambios en este aspecto ya se han ido introduciendo poco a poco: “En 2011 se completó la puesta en marcha de equipos multidisciplinares del medio rural que visitan a las familias y personas con discapacidad en sus domicilios para garantizar la atención continuada, los apoyos que puedan precisar. Son más de 75 profesionales los que están distribuidos y atienden ahora en todo el territorio a las personas con discapacidad en sus domicilios. Hemos buscado una especial atención, son muy importantes los apoyos que la persona con discapacidad pueda tener por parte de su familia y se atiende esta cuestión también en el entorno físico y el familiar”.

En este sentido, para el CERMI CyL también es destacable la nueva norma: “Es importante resaltar el reconocimiento de que deben duplicarse los esfuerzos para que las prestaciones y servicios lleguen a todas las personas de las zonas rurales de la comunidad, donde existe una gran dispersión, y por eso es fundamental que se haga ese esfuerzo. La propia Ley reconocer la especificidad de la discapacidad, y en función de estas particularidades se tienen que poner en marcha los servicios específicos para cada discapacidad y para cada persona”.

El papel del CERMI Castilla y León

En definitiva, todos parecen contentos con la ley integral de la discapacidad de Castilla y León y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades agradece, de manera especial, el papel y la colaboración del CERMI Castilla y León: “Es fundamental la capacidad que tiene  el CERMI CyL de interlocución con la Administración, hay una relación estupenda en la que cada uno planteamos lo que consideramos oportuno pero siempre somos capaces de avanzar y de llegar a acuerdos; han sabido hacer propuestas innovadoras, no sólo atendiendo a la reclamación o a una demanda o requerimiento de obligación a la Administración. En la nueva Ley el modelo de derechos es muy profundo y ellos han tenido que explicárselo a las propias familias, que deben participar en el proceso aportando su valoración para la dependencia o contribuyendo en los cálculos de capacidad económica, haciéndoles entender que ha cambiado el modelo y realmente es una garantía para su hijo, en este cambio ha sido profundo el trabajo y el apoyo de ellos en nosotros y nosotros en ellos. Hay un nivel de confianza muy estrecho entre CERMI CyL y la consejería de Familia, y eso es fundamental”.

Por su parte, Fran Sardón valora muy positivamente este aspecto: “valoramos que se haya apostado por contar con la participación decidida del CERMI CyL en el articulado de la propia Ley, nos sentimos copartícipes de la Ley y es de destacar que la propia Ley reconoce el papel del CERMI como interlocutor de las personas con discapacidad en Castilla y León y como órgano encargado del seguimiento y participación en todas las políticas que tengan que ver con la discapacidad”.